Regular Internet: ¿Realmente es un ataque a la libertad de expresión?

Panamá, 27 jul (PL) De golpe a la libertad de expresión y a la memoria de todos los ciudadanos catalogan hoy muchos panameños el anteproyecto de ley que pretende regular contenidos en los portales de Internet y redes sociales.
Según un foro de periodistas, la ambigüedad en la redacción de la propuesta impulsada por el diputado Melitón Arrocha, favorece la eliminación de referencias en Internet, sin necesidad de aportar pruebas que las justifiquen y sin la intervención de instancias judiciales que garanticen el debido proceso de las partes.
De esta manera, la iniciativa obligará a los sitios web a borrar información de cualquier persona que se sienta afectada, al tiempo que limita las capacidades especiales de la red de redes como herramienta única de transformación para buscar, recibir y difundir contenidos.
Criterio enarbolado por la exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Catalina Botero, quien cuestionó la efectividad del anteproyecto del representante del Partido Panameñista.
Si bien es cierto que el texto establece que la información solo será eliminada si causa un «perjuicio irremediable», los medios de comunicación -por ejemplo- se verán inundados con decenas de miles de solicitudes imposibles de procesar de manera oportuna y condenados a pagar eventuales sanciones millonarias, afirmó la especialista.
Afectaría, además, el derecho de acceso al conocimiento y la cultura, la posibilidad de exigir cuentas y participar en los asuntos públicos. En fin, el impacto de esta decisión es de enorme gravedad, acotó.
Y es que, a través de esta iniciativa legislativa presentada en la Asamblea Nacional, cualquier persona puede exigir la eliminación de informaciones, datos, dibujos, videos, archivos de audio y animaciones, entre otras formas que menoscaben su derecho a la intimidad, al honor y a la imagen.
Mientras, Arrocha aseguró que esta propuesta no pretende demonizar las redes sociales, ni complicar la vida a las empresas que almacenan datos personales, sino «resguardar eficazmente el derecho que tiene toda persona a guardar con celo elementos personales».
A juicio del exministro de Comercio e Industria, con el surgimiento de las nuevas tecnologías y de Internet, el derecho a la privacidad y a la rectificación, consagrado en el artículo 42 de la Constitución, disminuyó en perjuicio directo de las personas, por ello la propuesta.
Arrocha aseguró que no pretende limitar el acceso a la libertad de expresión, pero sí darles el derecho a los ciudadanos no públicos «a que frente a daños inminentes, falsedades o a temas que incumben a su intimidad, tengan la oportunidad de reclamar que se quite la publicación de Internet».
Yo entiendo la preocupación, pero la información debe cumplir con varios requisitos, y si la misma es de interés público, entonces no aplica el derecho al olvido, para evitar que los políticos evadan las denuncias, precisó.
Pero el denominado «derecho al olvido», que intentan debatir actualmente en Panamá, genera controversias no solo aquí, sino también en Europa y otros países de América Latina como Colombia, Argentina y México.
Medios como Hearst Corporation, The New Yorker, The Washington Post, The Associated Press, Reuters America, Atlantic Media, entre otros, criticaron una sentencia de la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia, que obligó a Google Inc. a eliminar en todos sus dominios aquella información que los usuarios ya no quieran que esté disponible en la red.
«El punto controversial alrededor del derecho al olvido es si en países con bajos niveles de desempeño en transparencia y elevados niveles de corrupción, el olvido digital acabará protegiendo a políticos, empresarios o ciudadanos envueltos en actos de corrupción y conflicto de interés», expresó María Elena Meneses, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey.
Cada vez más las redes sociales emergen como instrumento de campañas políticas, religiosas o de otra índole para bien o para el mal, al igual que de polea trasmisora para calumnias, actos de espionajes, noticias falsas y hasta para la ejecución de delitos denigrantes como la pornografía infantil y el bulling.
Hechos que para nada demeritan el valor de estos sitios que llegaron para quedarse, porque también son símbolo de la socialización y del acervo cultural de la humanidad, puesto a disposición de todos con solo dar un click.
El asunto de la polémica radica en usar las ventajas de la tecnología con responsabilidad, algo que solo será posible poniendo orden en la gran aldea global del mundo digital.